Pensiones: Hacienda prevé destrucción de cerca de 100 mil empleos, pero un mayor PIB, ahorro e inversión

Ad portas de que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregue este miércoles su esperado análisis sobre si es sustentable o no la reforma de pensiones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó detalles adicionales sobre el impacto del nuevo sistema previsional en una serie de ámbitos, con foco en el efecto sobre la economía y las finanzas públicas.

En el marco del inicio del trámite del acuerdo previsional en la comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado presentó un informe de 58 páginas que estuvo dividido en dos secciones: el efecto del nuevo esquema sobre una serie de variantes económicas; y una mayor apertura de los efectos fiscales, asegurando que la propuesta está financiada, incluso bajo supuestos de mayor estrés para el sistema.

Marcel señaló que apostar solo por aumentar las tasas de reemplazo a través de la PGU es “infinanciable”. También, dijo que es “insostenible” solventar la PGU solo a través de un incremento en la deuda pública.

Ayer, el Ejecutivo renovó la discusión inmediata para la iniciativa, con miras a despachar el texto desde el Congreso en enero.

Menos empleo, pero compensado

Ante la atenta mirada de los senadores, el titular de Hacienda explicó que en el largo plazo el aumento de la cotización en siete puntos porcentuales va a afectar el empleo formal, pero cuyo impacto será acotado y compensado al alza en un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión de capital, y el ahorro como proporción del PIB.

Así, la actual propuesta reduciría el empleo formal en un 0,7% acumulado, lo que según Marcel significaría la destrucción de menos de 100 mil puestos laborales.

¿Cómo se compensa? Con el incremento acumulado de un 1,4% del PIB, un 3,6% de mejoría en la inversión de capital y 1,7% en el ahorro como fracción del Producto.

Hacienda presentó el análisis actualizando un estudio elaborado por el Banco Central en 2017 -cuando Marcel presidía el instituto emisor-, elaborado por Albagli, Arias y Kirchner.

¿Cómo se compara esto con recientes propuestas de reforma previsional? Por ejemplo, el aumento de cinco puntos de cotización de la reforma previsional del segundo Gobierno de Michelle Bachelet en 2017 afectaría el empleo formal en 0,5%, pero aumentaría el PIB en un 1%, la inversión de capital en un 2,6% y el ahorro a PIB en 1,2%.

Mientras que bajo los mismos parámetros, el proyecto de la segunda administración de Sebastián Piñera, que en su génesis consideraba un aumento de cotización de cuatro puntos porcentuales, reduciría el empleo formal en un 0,4%, aunque lo compensaba con un mayor crecimiento del PIB de 0,8%, de 2,1% en la inversión de capital y un 1% adicional de ahorro como porcentaje del PIB.

Al efecto de la actual reforma previsional en estos tres indicadores macroeconómicos, se suma -dijo Marcel- el impacto positivo de aumentar la profundidad del mercado de capitales.

“La reforma previsional considera aspectos que mitigan efectos en el mercado laboral, como la gradualidad muy importante, y los incentivos a la cotización”, dijo Marcel.

Efectos fiscales

La primera parte de la exposición se dedicó a las implicancias del nuevo régimen en las arcas del Estado, considerando el millonario gasto en solventar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la menor recaudación de impuestos, que totalizan cerca de US$ 5.000 millones en régimen, lo que equivaldría a 1,7% del Producto.

Por una parte, los cálculos de Hacienda estiman que solo el aumento del valor y cobertura de la PGU aumentarían el gasto público en aproximadamente un 0,3% del Producto en régimen.

Asimismo, el análisis aborda el financiamiento del Seguro Social, que es gestionado a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que considera el pago del beneficio de 0,1 UF por año cotizado, con un tope de 20 años, y la compensación por la mayor expectativa de vida de las mujeres.

Se asumieron una serie de supuestos, como retornos de los fondos de pensiones en base al promedio histórico y que la tasa implícita de las rentas vitalicias es de 3,11%; que el costo de la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) es de 1,5%; el crecimiento de salarios de 1,25% de acuerdo con proyección de la OCDE; y una rentabilidad del fondo equivalente a 3,91% cuando el fondo alcanza los US$ 8.000 millones.

¿El resultado? Una diferencia máxima entre activos y compromisos a pagar por el fondo de 0,5% del PIB, que es menos de un 25% del gasto anual que se realiza en la PGU.

Hacienda estimó también escenarios de riesgo. Por ejemplo, que la tasa de rentabilidad de los bonos con garantía estatal que aseguran la Cotización con Rentabilidad Protegida es de 3% en lugar de 2,519%; que el costo de la prima del SIS es 1,7% en lugar de 1,5%; que las mujeres postergan su jubilación a al menos los 65 años; y una rentabilidad del fondo de 2,91% en lugar de 3,91%. Esto deriva en una diferencia máxima entre activos y compromisos por un 1,5% del PIB.

“El mayor gasto fiscal asociado principalmente a las alzas graduales de la PGU, al aporte fiscal para el Fondo Autónomo de Protección Social e incrementos de cotización se mantienen en los niveles considerados en la planificación financiera fiscal de mediano plazo”, recalcó el ministro.